NORMA FORAL 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Esta Norma Foral tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las subvenciones públicas aprobadas por las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Norma Foral.

1. – Se entiende por subvención, a los efectos de esta Norma Foral, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo siguiente, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

   1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas beneficiarias.

   2. Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo la persona beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

   3. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

2. – No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Norma Foral las aportaciones dinerarias entre la Diputación Foral, los organismos autónomos forales y otras Administraciofes Públicas, así como las que se realicen entre la Diputación Foral y el resto de entidades del sector público foral destinadas a financiar globalmente la actividad de cada entidad en el ámbito propio de sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su normativa reguladora.

3. – Las ayudas consistentes en la entrega a título gratuito de bienes o derechos del patrimonio del territorio histórico de Gipuzkoa se regirán por la Norma Foral de Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

   No obstante, se aplicará la presente Norma Foral cuando la ayuda consista en la entrega de bienes o derechos o en la prestación de servicios, cuya adquisición o contratación se haya efectuado con la finalidad exclusiva de entregarlos a terceras personas.

   En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas.

4. – No tienen carácter de subvenciones, los siguientes supuestos:

   1. Las prestaciones no contributivas.

   2. Las prestaciones en favor de discapacitados, que se deriven de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

   3. Las prestaciones del Ingreso Mínimo de Inserción-Renta Básica, que se deriven de la Ley 12/1998, de 22 de mayo del Parlamento Vasco, contra la exclusión social, desarrollada por el Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, del Parlamento Vasco, de Carta de Derechos Sociales.

   4. Las prestaciones del Fondo de Bienestar Social, que se deriven del Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan tales prestaciones en la Comunidad Autónoma Vasca.

   5. Las prestaciones forales complementarias de las previstas en los apartados anteriores.

   6. Los beneficios fiscales previstos en las normas forales.

1. – La presente Norma Foral será aplicable a las subvenciones aprobadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y los organismos autónomos forales.

2. – Los principios de gestión contenidos en esta Norma Foral serán de aplicación a las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen las entidades públicas empresariales forales. En todo caso, las aportaciones gratuitas que realicen estas entidades deberán tener relación directa con el objeto de la actividad contenido en la norma de creación o en sus estatutos.

3. – Será igualmente aplicable esta Norma Foral a las subvenciones en cuya tramitación intervengan órganos de la Diputación Foral o de los organismos autónomos forales, conjuntamente con otras Administraciones, en cuanto a las fases del procedimiento que corresponda gestionar a dichos órganos.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Norma Foral:

1. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud de la persona beneficiaria.

2. Las subvenciones previstas en la Ley 1/1987, de 27 de marzo, de Elecciones a Juntas Generales de los Territorios Históricos.

3. Las subvenciones a los grupos junteros en los términos fijados en el Reglamento de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

1. – Las subvenciones se regirán, en los términos establecidos en el artículo 3, por esta Norma Foral y sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

2. – Las subvenciones que se otorguen por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas derivadas de convenios formalizados entre éstas y la Diputación Foral y los organismos autónomos forales se regularán de acuerdo con lo establecido en el propio convenio que, en todo caso, deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en esta Norma Foral.

1. – Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas de desarrollo o transposición de aquéllas.

2. – Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta Norma Foral tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea. CAPÍTULO II DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

1. – Los órganos de la Diputación Foral y de los organismos autónomos forales que propongan el establecimiento de subvenciones deberán determinar, con carácter previo, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.

2. – Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.

3. – Las subvenciones públicas, cuando proceda, deberán proporcionar los medios para promover la igualdad de oportunidades entre sexos mediante la eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

4. – La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Norma Foral se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

   1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

   2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad otorgante.

   3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

5. – Las bases reguladoras de cada tipo de subvención tendrán en cuenta el factor de uso de las lenguas oficiales, siempre que éste sea relevante dentro del objeto de la actividad subvencionada, en el marco de la política de normalización del uso del euskera aprobada por la Diputación Foral y con arreglo a la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización y uso del euskera. En estos casos, las personas beneficiarias de las subvenciones deberán utilizar el euskera en las intervenciones públicas relacionadas con las actividades subvencionadas.

1. – Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Norma Foral.

   Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los procedimientos regulados en el artículo 27 de esta Norma Foral.

2. – Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

3. – Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:

   1. La competencia del órgano administrativo concedente.

   2. La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.

   3. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación.

   4. La fiscalización de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en la Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa y demás normativa que resulte de aplicación.

   5. La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

1. – En el ámbito de la Diputación Foral, el Diputado o Diputada General, el Consejo de Diputados, y los Diputados y Diputadas Forales, son los órganos competentes para la concesión de subvenciones conforme a lo establecido en la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. – La Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa de cada ejercicio determinará los órganos competentes para conceder las subvenciones individualizadas previstas en la letra c) del apartado 3 del artículo 20 de esta Norma Foral.

3. – En el ámbito de los organismos autónomos forales, la concesión de subvenciones se efectuará por los órganos que determine su norma de creación o sus estatutos o, en su caso, por sus órganos rectores.

1. – Tendrá la consideración de beneficiaria de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. – Cuando la beneficiaria sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios, los miembros asociados de la persona beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera.

3. – Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrá igualmente la consideración de persona beneficiaria. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, correspgnden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 37 y 54 de esta Norma Foral.

1. – Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a las personas beneficiarias cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

   Igualmente tendrán esta condición las que, habiendo sido denominadas personas beneficiarias conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

2. – Podrán actuar como entidades colaboradoras de la Diputación Foral y de los organismos autónomos forales, el resto de Administraciones Públicas, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas, los organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. También podrán ser entidades colaboradoras las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

   De igual forma, la Diputación Foral y las demás entidades integrantes del sector público foral podrán actuar como entidades colaboradoras del resto de Administraciones Públicas.

1. – Podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

2. – No podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Norma Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

   1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

   2. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

   3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

   4. Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias.

   5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

      No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las subvenciones dirigidas a las personas físicas integradas en los colectivos protegidos por el sistema de servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

   6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

   7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

   8. Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción.

   9. Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Norma Foral o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.

   10. Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

       No podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta Norma Foral cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

3. – En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias o entidades colaboradoras de las subvenciones reguladas en esta Norma Foral, las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

   Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias o entidades colaboradoras las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

4. – Salvo en los supuestos en que se busque un efecto de correccaón de desigualdades entre sexos, no podrán obtener la consideración de beneficiarias aquellas asociaciones y organizaciones que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento, ni aquéllas que realicen algún tipo de actividad que sea discriminatoria por razón de sexo.

5. – Las prohibiciones contenidas en las letras b), d), e), f) y g) del apartado 2 y en los apartados 3 y 4 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

6. – Las prohibiciones contenidas en las letras a), h) e i) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento que se determine, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

7. – La apreciación y alcance de la prohibición contenida en la letra c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

8. – La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente o mediante certificación administrativa, según los casos. Cuando esta certificación no pueda ser expedida por la autoridad competente, podrá ser sustituida por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o fedatario público.

1. – Son obligaciones de la persona beneficiaria:

   1. Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

   2. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

   3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero de subvenciones que puedan realizar el Departamento para la Fiscalidad y das Finanzas y los órganos de control externo competentes.

   4. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

      Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

   5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine.

      Esta obligación no será exigible en el supuesto de subvenciones dirigidas a personas físicas integradas en los colectivos protegidos por el sistema de servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

   6. Dejar constancia de la percepción y aplicación de la subvención en los libros de contabilidad o en los libros de registro que, en su caso, tenga que llevar la persona beneficiaria de acuerdo con la legislación mercantil o fiscal que le sea aplicable y, en su caso, en las bases reguladoras.

   7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

   8. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 17 de esta Norma Foral.

   9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 35 de esta Norma Foral.

   10. Comunicar a la entidad concedente o a la entidad colaboradora, en su caso, la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiera sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

2. – El control a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en la letra b) del apartado 1 de este artículo.

1. – Son obligaciones de la entidad colaboradora:

   1. Entregar a las personas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.

   2. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

   3. Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por las personas beneficiarias.

   4. Someterse a las actuaciofes de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero de subvenciones que puedan realizar el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y los órganos de control externo competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

2. – Cuando la Diputación Foral o los organismos autónomos forales actúen como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control a que se hace referencia en la letra d) del apartado anterior se llevarán a cabo por sus correspondientes órganos, sin perjuicio de las competencias de los órganos de control comunitarios y de las del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

1. – Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

2. – El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél. La duración total de las prórrogas no podrá ser superior a la vigencia del periodo inicial y en conjunto la duración total del convenio de colaboración no podrá exceder de seis años.

3. – El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

   1. Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.

   2. Identificación de la normativa reguladora de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

   3. Plazo de duración del convenio de colaboración.

   4. Compensación económica que, en su caso, se fije a favor de la entidad colaboradora.

4. – En la medida en que se considere necesario para una adecuada gestión de las subvenciones, en el convenio se podrán incluir los siguientes apartados:

   1. Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.

   2. Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

   3. En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del periodo de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a las personas beneficiarias.

   4. En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de entrega a las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo concedente.

   5. Forma de justificación por parte de las personas beneficiarias del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.

   6. Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por las personas beneficiarias y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a las personas beneficiarias.

   7. Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

   8. Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 35 de esta Norma Foral.

   9. Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de esta Norma Foral.

5. – Cuando otras Administraciones Públicas, o los organismos públicos vinculados o dependientes de las mismas, actúen como entidades colaboradoras de la Diputación Foral o de los organismos autónomos forales se suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de rendición de cuentas.

   De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Diputación Foral y los organismos autónomos forales actúen como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas o por los organismos públicos vinculados o dependientes de las mismas.

6. – Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y la colaboración se formalizará mediante convenio, salvo que por objeto de la colaboración resulte de aplicación plena el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

   El contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 de este artículo, así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos administrativos, deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Norma Foral.

   Se exceptúa de lo dispuesto en este apartado a las sociedades mercantiles públicas, a las que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 anterior.

1. – En el ámbito de la Diputación Foral y de los organismos autónomos forales, el Consejo de Diputados aprobará las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

2. – La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, entre otros, los siguientes extremos:

1. Definición del objeto de la subvención.

2. Requisitos que deberán reunir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención, y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta Norma Foral, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

3. Condiciones de solvencia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 11 de esta Norma Foral.

4. Procedimiento de concesión de la subvención.

5. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos con relación a las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva.

   Entre los criterios de concesión, y siempre que sea adecuado al objeto de la subvención, se incluirá uno que valore la integración de la perspectiva de género en el proyecto o actividad subvencionada.

6. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

7. Órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

8. Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad o la adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

9. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.

10. Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar las personas beneficiarias.

    La previsión de pagos anticipados sin la exigencia de la constitución de garantías deberá estar debidamente justificada.

11. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

12. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

13. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

1. – Los órganos concedentes publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa las subvenciones concedidas bajo el régimen de concurrencia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

2. – No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:

   1. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

   2. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de persona beneficiaria concreta, resulten impuestos en virtud de Norma Foral o norma de rango legal.

   3. Cuando lgs importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros, o en su caso, a la señalada en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa de cada ejercicio. En este supuesto, las bases reguladoras deberán prever la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de las personas beneficiarias.

   4. Cuando en razón del objeto de la subvención, la publicación de los datos de la persona beneficiaria pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

3. – Las personas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

1. – La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acreditada en los términos previstos en el artículo 29 de esta Norma Foral.

2. – La normativa reguladora de la subvención determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. – El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4. – Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

5. – En el caso de que se disponga en las bases reguladoras de la subvención, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las personas beneficiarias incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la persona beneficiaria sea una Administración Pública.

El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir las personas beneficiarias o las entidades colaboradoras se fijarán de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa y demás normativa aplicable.

El régimen de garantías deberá ser acorde con el objeto de la subvención y proporcionado a los riesgos potenciales que se deriven de su aplicación. TÍTULO I PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES CAPÍTULO I DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

1. – El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta Norma Foral, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y otorgar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

   En este supuesto, una comisión evaluadora formulará la propuesta de resolución al órgano concedente. La composición de la comisión evaluadora será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

   Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre las personas beneficiarias de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

2. – Con carácter excepcional, y cuando por las características de las personas beneficiarias, o por la finalidad o naturaleza de la subvención, no sea posible la concesión en régimen de concurrencia competitiva, se deberá hacer constar en las bases reguladoras que el procedimiento a seguir es el de concurrencia no competitiva.

   A estos efectos, se entenderá por concurrencia no competitiva el procedimiento en el que no son necesarias la comparación y prelación, en un único procedimiento, de todas las solicitudes entre sí, o cuando la distribución de los fondos se realiza individualmente, a medida que se reciben las solicitudes, aunque no haya finalizado el plazo de presentación.

3. – Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

   1. Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de este tipo de subvenciones.

      La asignación nominativa de subvenciones en los presupuestos deberá incluir la persona beneficiaria, la descripción del objeto de la subvención, así como su fin, propósito, actividad o proyecto específico a que se encuentre afectada la entrega.

   2. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una Norma Foral o una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

   3. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

4. – No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN N RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

1. – El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

2. – La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

   1. Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del boletín oficiad en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

   2. Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

   3. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

   4. Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.

   5. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

   6. Indicación de la posibilidad de que la persona solicitante de la subvención opte por autorizar al órgano gestor para que éste pueda recabar el certificado o documento acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

   7. Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. – Las solicitudes de las personas interesadas acompañarán los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de cualquier órgano de la Diputación Foral, o en su caso, del organismo autónomo foral actuante, en cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en la letra f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

   En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

4. – A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable de la persona solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en el plazo determinado en las bases reguladoras, que será un plazo máximo de 15 días.

5. – Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa reguladora, el órgano competente requerirá a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. – La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al órgano que se designe en las bases reguladoras.

2. – El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. – Las actividades de instrucción comprenderán:

   1. La petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.

   2. El análisis de las solicitudes o peticiones, efectuado conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención.

   Las bases reguladoras de la subvención podrán contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación, en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de persona beneficiaria de la subvención.

4. – Cuando el procedimiento sea el de concurrencia competitiva, una vez analizadas las solicitudes, la comisión evaluadora a que se refiere el apartado 1 del artículo 20 de esta Norma Foral, deberá emitir una propuesta de resolución en la que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que será elevada al órgano competente para su aprobación.

1. – La resolución dictada por el órgano competente se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

2. – La resolución, además de contener la persona solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

3. – El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una Norma Foral o una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

4. – El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

1. – Las bases reguladoras de la subvención podrán determinar que, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por la persona solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la persona beneficiaria, la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. – Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la comisión evaluadora, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

3. – En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

1. – Cuando el objeto de la subvención y el número y las circunstancias de las posibles personas beneficiarias lo permitan, el procedimiento se podrá finalizar mediante acuerdo entre la Diputación Foral o los organismos autónomos forales y las personas interesadas.

   A estos efectos, la propuesta debe respetar las reglas fundamentales contenidas en las bases y en la convocatoria.

2. – Si el órgano instructor y las posibles personas beneficiarias aceptan la propuesta, se dará traslado de las actuaciones al órgano competente para que resuelva y, en su caso, apruebe el correspondiente acuerdo. CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

1. – La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta Norma Foral.

   Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa y las subvenciones a que hace referencia la letra c) del apartado 3 del artículo 20 de esta Norma Foral que sean individualizadas.

2. – Cuando las subvenciones a que hace referencia la letra c) del apartado 3 del artículo 20 vayan dirigidas a una pluralidad indeterminada de personas beneficiarias, el Consejo de Diputados aprobará mediante Decreto Foral, las normas especiales reguladoras de las subvenciones, que habrán de contener como mínimo los siguientes extremos:

   1. Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

   2. Régimen jurídico aplicable.

   3. Personas beneficiarias y modalidades de ayuda.

   4. Procedimiento de concesión y, en su caso, régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por las personas beneficiarias y, en su caso, entidades colaboradoras.