ORDEN de 26 de febrero de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se crea el Servicio Común Procesal General y el Servicio Común Procesal de Ejecución de la Oficina judicial de San Sebastián y de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
| Sección | 1 - Disposiciones Normativas |
| Emisor | Departamento de Trabajo y Justicia |
| Rango de Ley | Orden |
Con la finalidad de responder a la demanda social de contar con una Administración de Justicia que actúe con mayor agilidad, calidad y eficacia, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispuso una nueva reestructuración organizativa de lo que se ha dado a conocer como nueva Oficina judicial, una remodelación de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales y que descansa sobre dos tipos de unidades: las Unidades Procesales de Apoyo Directo, que asisten directamente a juezas y jueces y magistradas y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias y forman parte del órgano judicial; y los Servicios Comunes Procesales, que no se integran en un órgano judicial concreto y asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
La Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce igualmente en sus artículos 436 y 438 la competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para determinar la dimensión y la organización de la Oficina judicial, así como para diseñar, crear y organizar los Servicios Comunes Procesales de las oficinas judiciales de Euskadi. En el ejercicio de dichas competencias, el Gobierno Vasco en reunión de Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008 aprobó, con el informe previo favorable del Consejo General del Poder Judicial, el Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales de la Administración de Justicia en Euskadi (2008-2010). Asimismo, el Gobierno Vasco, en el marco del diálogo social y con el objeto de establecer las condiciones en que se desarrolle el proceso de implantación de la nueva Oficina judicial, aprobó el Decreto 223/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el IV Acuerdo regulador de la equiparación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi con el personal funcionario de la Administración General Vasca y de implantación de la Oficina Judicial y Fiscal entre el Departamento de Justicia y Administración Pública y las organizaciones sindicales CC.OO., ELA, CSI/CSIF, LAB y UGT.
El Plan Organizativo de las Oficinas Judiciales y Fiscales de la Administración de Justicia en Euskadi prevé en principio tres tipos de Servicios Comunes Procesales, a saber, el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, el Servicio Común Procesal de Ejecución y el Servicio Común Procesal General. En el caso de la Oficina judicial de Donostia / San Sebastián, el Plan Organizativo contemplaba los tres servicios y, por su parte, para la Audiencia Provincial de Gipuzkoa se preveía de forma específica un único Servicio Común Procesal mixto de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución, además de ser atendido por el Servicio Común Procesal General de la Oficina judicial de San Sebastián. Sin embargo, a la vista de la previsible creación de los Tribunales de Instancia y de su impacto en la dimensión y composición de las Unidades Procesales de Apoyo Directo y, por ende, en el Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, se ha considerado oportuno posponer la creación del Servicio de Ordenación.
De acuerdo con el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Servicios Comunes Procesales estarán dirigidos por una Letrada o Letrado de la Administración de Justicia, de quien dependerá funcionalmente el resto de las Letradas o Letrados de la Administración de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el Servicio de que se trate.
Igualmente, el personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Servicio Común Procesal General y en el Servicio Común Procesal de Ejecución depende orgánicamente de la Directora o Director responsable de las competencias transferidas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, en su artículo 8 establece que compete a las Letradas y Letrados de la...
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