DECRETO 56/2016, de 5 de abril, por el que se derogan diversas disposiciones de carácter general en el ámbito de las políticas activas de empleo.
| Sección | 1 - Disposiciones Normativas |
| Emisor | Departamento de Empleo y PolÍTicas Sociales |
| Rango de Ley | Decreto |
Hasta el ejercicio 2010 la política de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi era gestionada por el Gobierno Vasco al amparo de diversas normas autonómicas de carácter subvencional y vigencia indefinida, promovidas por el entonces Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
Ente ellas se encuentran, el Decreto 326/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula la organización y desarrollo de las acciones de intermediación en el mercado de trabajo que promueve el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocación bajo la denominación de Servicio Vasco de Colocación / Langai; el Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas; el Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo y la Orden de 30 de julio de 2008, por la que se regulan las ayudas a la prospección del mercado de trabajo.
Desde su publicación se han producido en la CAE importantes cambios tanto en el contexto socioeconómico, ante la situación actual de crisis económica y el grave crecimiento del desempleo, como en el ámbito competencial en materia de empleo, con el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, y la puesta en marcha de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Como consecuencia de ello, las citadas normas, elaboradas en otro contexto, no se consideran modelos válidos para dar respuesta a la situación y necesidades actuales, y de hecho no se han dotado de crédito para su financiación desde la creación de Lanbide, en beneficio de otras actuaciones de políticas activas de empleo, principalmente llevadas a cabo mediante convocatorias ad hoc, más adecuadas a la realidad actual de nuestro territorio y al nuevo escenario competencial de la CAPV.
Sin embargo, la vigencia de tales normas pese a la ausencia de dotación económica, genera en la ciudadanía falsas expectativas de derecho que no pueden ser satisfechas, por lo que en aras a salvaguardar el principio de seguridad jurídica procede clarificar el marco normativo vigente en el ámbito de las políticas activas de empleo, suprimiendo del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de carácter...
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