DECRETO 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Sección:1 - Disposiciones Normativas
Emisor:Departamento de Desarrollo EconÓMico y Competitividad
Rango de Ley:Decreto
 
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El País Vasco depende en más de un 90% de recursos energéticos mayoritariamente fósiles, por lo que el objetivo de desarrollar energías renovables competitivas y consumir menos energía implica disminuir la dependencia energética del exterior logrando un país más estable, ambientalmente sostenible y competitivo, ahorrando a la vez recursos financieros que pueden utilizarse en inversión productiva generadora de actividad económica y empleo.

La Comunidad Autónoma de Euskadi ha tenido muy presentes estas consideraciones a la hora de desplegar distintos instrumentos para lograr un mayor ahorro y eficiencia energética, con el referente de la Estrategia Energética de Euskadi que se enmarca en el contexto de la política europea en esta materia. Y es que las administraciones públicas modernas deben jugar el papel de promotoras y reguladoras de la actividad económica por un lado, al tiempo que ejercen un papel dinamizador de aquellas actividades innovadoras y ejemplarizantes que puedan servir de estímulo a la incorporación de nuevas prácticas de consumo o de gestión y a la introducción de nuevas tecnologías y equipos que sirvan de referencia al tejido productivo y al conjunto de la sociedad. Esto es especialmente relevante en el campo de la energía. La Unión Europea ha destacado tal papel ejemplarizante en las normas centrales en materia de energía, como son la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, y la Directiva 2006/32/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE, del Consejo. La Directiva 2012/27/UE establece el marco adecuado para conseguir el 20% de ahorro de energía en 2020, fijando exigencias de carácter mínimo que pueden ser mejoradas por los Estados miembros quienes, entre otras cosas, deberán presentar un plan de acción nacional de eficiencia cada tres años.

La nueva regulación procedente de la Unión Europea obliga al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a jugar, como tantas otras veces en el pasado, un papel pionero en la aplicación de soluciones innovadoras de ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables competitivas. La exigencia europea, establecida en la, Directiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, de que los nuevos edificios construidos sean de consumo energético casi nulo, implica que estén construidos con niveles de eficiencia energética muy altos, de manera que la cantidad casi nula o muy baja de energía que necesiten debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía derivada de fuentes renovables, incluida la energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno. Ello exige utilizar estándares constructivos muy elevados que aseguren ahorros de energía muy altos, así como la incorporación de fuentes renovables de energía en los propios edificios o en su entorno.

En este contexto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha aprobado el Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios, así como la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los Certificados de Eficiencia Energética.

Del mismo modo, la irrupción en el mercado de soluciones de movilidad alternativa a la tradicional, basada exclusivamente en vehículos que utilizan derivados del petróleo como combustible, debe permitir una transición hacia modelos de movilidad que vayan abandonando la utilización de esos combustibles fósiles. El parque móvil de la Administración Vasca lo constituye un importante número de vehículos para la realización de servicios públicos. Dentro de la política de consumo responsable de la Administración Vasca se considera imprescindible desarrollar una línea de actuación coordinada que, a través de la renovación programada del parque, permita mejorar los niveles actuales de eficiencia y consumo energético. Por otra parte, las empresas de transporte público, además de prestar un servicio en las mejores condiciones (disponibilidad de conexiones, tiempos de desplazamientos, costes para los usuarios, comodidad del transporte, disponibilidad de información, etc.), deben seguir avanzando en la consideración de la eficiencia energética en el diseño del servicio, incorporando las tecnologías más avanzadas para reducir y optimizar sus consumos energéticos y también potenciar el uso de combustibles alternativos.

El presente Decreto se enmarca en las exigencias de la normativa europea, pero también en las que la propia Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco entiende que son necesarias para que el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables dejen de ser objetivos loables para convertirse en realidades constatables. Por ello, el decreto establece objetivos básicos, pero también medidas específicas y vinculadas a criterios temporales concretos que recalcan el papel ejemplarizante de esta administración.

El decreto se divide en tres capítulos. El primero de ellos establece su objeto, el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, los objetivos generales que se pretenden conseguir y las definiciones de diversos conceptos que se emplean en el mismo. El decreto resulta de aplicación a la Administración General, sus Organismos Autónomos, sus Entes Públicos de derecho privado y Sociedades Públicas, así como a las Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma y a los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 7.4.c) del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Además, las entidades integrantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se comprometen a impulsar la aplicación de las medidas previstas en este decreto en las sociedades, fundaciones y asociaciones de las que formen parte. En este contexto, el Gobierno Vasco promueve, a través del departamento con competencia en materia de universidades, la aplicación de dichas medidas por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

El capítulo segundo tiene por objeto el impulso y la coordinación de la sostenibilidad energética. Para ello, se determina en qué consiste el papel ejemplarizante del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se establece la integración del ahorro y eficiencia energética en la ordenación del territorio y el urbanismo y se especifican las atribuciones del departamento con competencia en materia de energía. El decreto crea asimismo la Comisión para la Sostenibilidad Energética que, como órgano de coordinación de la administración, tiene atribuidas diversas funciones en relación con instrumentos claves en el decreto, como es el caso de las unidades de actuación energética, los porcentajes de ahorro y eficiencia energética o el plan de auditorías energéticas.

El capítulo tercero constituye la parte central y sustantiva de los compromisos que asume el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En primer lugar, determina los objetivos generales y sus horizontes temporales, entre los que se encuentran los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y la utilización de energía procedente de fuentes renovables así como de fuentes de energía alternativas a los combustibles derivados del petróleo, en consonancia con los objetivos de política energética que se establezcan en la Estrategia Energética de Euskadi.

En segundo lugar, se incluyen las obligaciones sectoriales entre la que se encuentra la de completar un inventario de edificios, instalaciones, parque móvil y, en su caso, alumbrado público de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma. Tal inventario sirve para la posterior determinación de las denominadas unidades de actuación energética que se configuran como el núcleo en el que se van a plasmar buena parte de las medidas de ahorro y eficiencia energética que se derivan de este decreto durante los distintos periodos de ahorro y eficiencia. Vinculados con estas, se encuentran los planes de actuación entre los que se incluye un plan general, que entre otras cosas determina los objetivos para las unidades de actuación y un plan de auditoría y certificación, y...

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