DECRETO 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público.
| Sección | 1 - Disposiciones Normativas |
| Emisor | Departamento de AdministraciÓN PÚBlica y Justicia |
| Rango de Ley | Decreto |
La Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, avanzaba y profundizaba en la necesidad de garantizar la transparencia, eficacia y dedicación a las funciones públicas que tienen encomendadas el personal cargo público.
Así, la citada Ley ampliaba el concepto de cargo público con la finalidad de incluir en el sistema de control y garantías que regula al mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Además del desarrollo de aquellas cuestiones que la propia Ley 1/2014, de 26 de junio, remite a la necesidad de un desarrollo reglamentario, se ha considerado oportuno refundir en un único texto reglamentario diversos aspectos relativos a la persona del cargo público y que se encontraban regulados en distintas normas: Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones del Altos Cargos, y Ley 10/2012 de 30 de mayo, de reforma de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, por la que se establece una nueva regulación del derecho a pensión vitalicia.
Asimismo, se requiere impulsar el uso de los medios electrónicos en relación a la tramitación tanto de las obligaciones como de los derechos del personal cargo público, haciendo especial hincapié en la eliminación, en la medida que sea posible, de la aportación de documentación en papel, y su sustitución por la autorización de la persona cargo público al Servicio de Registro de Personal para el acceso a los datos personales que obren en otras administraciones públicas y que sea precisa para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos.
Por último, teniendo en cuenta que la transparencia es una exigencia social que afecta de forma directa a los cargos públicos que trabajan para la ciudadanía, se concretan aquellas materias sobre las que se compromete a abordar una publicidad activa en formato abierto que permita su reutilización.
En este sentido, el presente Decreto pretende ofrecer un marco de referencia global en relación a la persona cargo público que aporte coherencia al conjunto de sus obligaciones y sus derechos.
El Capítulo I se ocupa de determinar con carácter general el objeto y ámbito de aplicación del Decreto.
El Capítulo II determina el modo de actualización y publicación del Catálogo de cargos públicos. Recoge la necesidad de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la información relativa al inicio y a la finalización de prestación de servicio como cargo público de las personas titulares de los puestos del Catálogo de cargos públicos.
El Capítulo III incorpora como novedad el consentimiento de la persona cargo público al Servicio de Registro de Personal para el acceso a la información que obre en otra administración y que sea precisa para el cumplimiento de las obligaciones y los derechos como cargo público, en concreto de la administración tributaria, así como de las diversas entidades gestoras de la Seguridad Social. Así mismo, se determina la obligatoriedad de presentar el perfil y la trayectoria profesional como un aspecto clave de la transparencia.
El Capítulo IV aborda el control que se debe configurar para evitar las situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados a los que se pueden tener que enfrentar las personas cargos públicos en el ejercicio de la función pública. Determina la obligación de abstención e inhibición.
El Capítulo V se adentra en la declaración de actividades y el régimen de compatibilidades, desgranando los requisitos y limitaciones de cada una de las actividades compatibles. Se simplifica el procedimiento para resolver las solicitudes de autorización de compatibilidad.
El Capítulo VI regula la declaración de bienes y derechos patrimoniales y se determina el contenido de las mismas. Como novedad se regula la eliminación de la aportación de copias simples de las declaraciones tributarias de la renta y del patrimonio, tanto al inicio de la prestación de servicio como anualmente, durante la prestación de servicio como cargo público, pudiendo sustituirse por la obtención del consentimiento expreso de acceso a dicha información en las correspondientes administraciones competentes en materia tributaria. Recoge igualmente la concreción de las responsabilidades disciplinarias derivadas del incumplimiento de la presentación de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.
El Capítulo VII regula las limitaciones patrimoniales en las que la persona cargo público no puede incurrir y el control que respecto del cumplimiento de dicha obligación se debe establecer.
El Capítulo VIII regula de forma detallada las obligaciones que la persona cargo público debe respetar, incluso una vez finalizada su prestación de servicios y, en concreto, la obligación de solicitar autorización para la realización de cualquier actividad privada durante los dos años siguientes a dicho fin.
El Capítulo IX determina el límite de las retribuciones del personal directivo.
El Capítulo X se ocupa del régimen de indemnizaciones y prestaciones económicas temporales como consecuencia de la finalización de servicio como personal cargo público. Regula un aspecto novedoso, como es la posibilidad de renunciar a las indemnizaciones y prestaciones económicas temporales derivadas del cese en la prestación de servicios.
El Capítulo XI aborda los órganos competentes para resolver, el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia, y la publicidad de las personas que tengan reconocido el mencionado derecho.
Por último, el Capítulo XII desarrolla el uso de los medios electrónicos en las prestaciones de servicios, comunicaciones y relaciones con el personal cargo público, que simplifique y agilice la tramitación de sus obligaciones y derechos. Concreta aquellas materias sobre las que se compromete a abordar una publicidad activa de las...
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