DECRETO 283/2012, de 11 de diciembre, por el que se constituye y regula la Mesa del Diálogo Civil.
| Sección | 1 - Disposiciones Normativas |
| Emisor | Empleo y Asuntos Sociales |
| Rango de Ley | Decreto |
La sociedad vasca se ha distinguido históricamente en buena medida por la vitalidad de sus formas de agrupación comunitaria, de acción voluntaria, de solidaridad organizada, de organización cooperativa, de colaboración mutualista, de identificación con lo común y compartido. Este movimiento asociativo, también denominado tercer sector, emerge como un verdadero sujeto social, como un agente diferenciado de otros (sindicales, empresariales, profesionales, políticos...).
Y, en concreto, dentro del amplio mundo del tercer sector, el dedicado a la intervención social ocupa, sin duda, un lugar central y tractor. Su labor en campos que van desde los servicios sociales hasta la ayuda humanitaria, pasando por el comercio justo, el desarrollo comunitario, la financiación ética o la defensa de los derechos humanos aporta un valor añadido específico y reclama su lugar en la toma de decisiones y la construcción de las políticas públicas.
Diversos son los instrumentos normativos de los que nuestras instituciones comunes se han dotado que contribuyen a reconocer, regular, apoyar y defender esta rica diversidad de esfuerzos en cooperación.
Sin embargo, no ha sido hasta finales del año 2008 cuando se publicó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en la que se dio entrada en nuestro ordenamiento, aunque sin definirlo, al tercer sector de acción social, constatando la necesidad de reforzar la colaboración con éste ámbito organizado de la ciudadanía, a pesar de que podemos afirmar que el tercer sector de acción social tiene para nuestro País una relevancia estratégica, y son múltiples las ventajas que aporta, principalmente, pero no sólo, en términos de construcción de valores, creación de capital relacional y vertebración social, además de promover el desarrollo y promoción de derechos sociales o desarrollar una intensa acción preventiva.
Siendo esto así, es de justicia reconocer el proceso de fortalecimiento desarrollado en los últimos años por las entidades no lucrativas, que ha cristalizado en una potente «red de redes», que es espacio de participación social, pero también expresión organizada de la cooperación y la solidaridad de la ciudadanía, expresión de alto significado cultural, económico y político.
Este proceso de fortalecimiento y vertebración, hoy inacabado fundamentalmente por la inexistencia de una estructura estable de organización y coordinación, ha llevado al tercer sector de acción social a una etapa de madurez y de progresiva significación política que las Administraciones Públicas deben saber aprovechar y tienen la obligación de promover. Y ello, porque el Gobierno Vasco entiende que los derechos sociales son relacionales, es decir, no pueden ser ejercidos sin la participación activa de las personas portadoras de esos derechos.
Por eso, desde el máximo respeto a la autonomía e igualdad de oportunidades de las personas y organizaciones voluntarias, corresponde al Gobierno Vasco cooperar en todo lo que suponga promover e impulsar esas dinámicas sociales.
Partiendo de dicha consideración, este Gobierno ha querido desarrollar fórmulas que permitan cualificar estas formas de intervención social, que den preponderancia a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro: cláusulas sociales, modelos de concertación o contratación que permitan la gestión de servicios sociales de responsabilidad pública a través de estas entidades o fomentar nuevas iniciativas orientadas a la inclusión social y a la economía solidaria. Se están desarrollando modelos de colaboración global que abarcan desde la detección cercana de necesidades sociales hasta la gestión de servicios pasando por la innovación y el desarrollo de nuevos servicios y programas.
Como consecuencia de las funciones de colaboración, fomento, promoción y participación del tercer sector, encomendadas por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el Gobierno inició en julio de 2009 un proceso de diálogo con las redes sociales de acción social, habiendo participado las siguientes organizaciones: CONGDE, Coordinadora de oenegés para el desarrollo de Euskadi, Eapn Euskadi, Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi, Elkartean, Confederación coordinadora de personas con discapacidad física del País Vasco, Fedeafes, Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, Federpen, Federación Territorial de asociaciones provinciales de pensionistas y jubilados de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Fevas, Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, Hirekin, Asociación de entidades de iniciativa e intervención social de Euskadi, Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, Hirukide, federación de asociaciones de familias numerosas de Euskadi, Lares Euskadi, Asociación vasca de residencias y servicios de atención a los mayores - sector solidario, ONCE, Organización nacional de ciegos españoles, REAS Euskadi, Red de economía alternativa y solidaria, Ehlabe (Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi), Gizatea (Asociación de empresas de inserción del País Vasco). Organizaciones que, en conjunto, agrupan o federan a una parte muy significativa de la ciudadanía, con singular potencial económico y laboral, pero sobre todo, como portadores de valores vinculados a la cohesión social, la igualdad y la solidaridad.
En ese marco de diálogo se han desarrollado temas significativos vinculados con el progreso social del País: el desarrollo y aplicación de la ley de servicios sociales, la coordinación sociosanitaria, se ha llevado a cabo un seguimiento de la labor del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (en temas tales como la reordenación subvencional, dependencia, familia, inmigración...
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