LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
BOPV. Boletín Oficial del País Vasco núm. 137, 19 de Julio de 2006 › 1 - Disposiciones Normativas › Lehendakaritza
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LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley: Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El régimen jurídico del agua está siendo objeto de un importante proceso normativo que afecta a la normativa vigente y que prevé también una regulación de futuro, señalando el camino y los hitos a recorrer en ese proceso. La política en materia de aguas en la Unión Europea es cada vez más exigente y más clara en sus objetivos; también más ambiciosa. Ya no son suficientes las políticas limitadas en sus objetivos; se persigue una política integral de protección del medio acuático. Esta política exige el desarrollo de instrumentos de ejecución y puesta en práctica que implican a todas las administraciones públicas; en concreto, las administraciones vascas deben adoptar una serie de decisiones relativas a la gestión de este bien natural, para lo que precisan de la intervención del máximo órgano representativo de la Comunidad para, mediante ley, regular el régimen jurídico del agua. La finalidad de esta ley es establecer los mecanismos necesarios para la ejecución de la política europea y, al mismo tiempo, dotar a esta materia de un marco normativo adecuado para la intervención de las diferentes administraciones implicadas. La normativa europea adolece cada vez más de una mayor complejidad, lo que es especialmente reseñable en materia de aguas. La directiva europea 2000/60/CE, denominada "Directiva Marco del Agua" es un ejemplo paradigmático de la anterior afirmación. De aquí que el legislador haya optado, con el riesgo de ser repetitivo, por referirse expresamente a las categorías utilizadas por el legislador comunitario, con la finalidad de facilitar, en la medida de los posible, la labor de las personas destinatarias de la norma. Por otra parte, conviene tener en cuenta que la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, recogió ya en su título II, relativo a la protección de los recursos ambientales, un capítulo expreso relativo a la protección de las aguas y del litoral, fijando unos objetivos y principios de actuación plenamente vigentes hoy día y que perfectamente se incardinan en los establecidos en esta ley. La ley crea la Agencia Vasca del Agua como instrumento central para llevar a cabo la política del agua en Euskadi. Esta agencia tiene reconocidas una serie de competencias que afectan al sistema de distribución establecido en la Ley de Territorios Históricos, motivo por el cual se incluye una disposición final que modifica dicha ley. Ahora bien, en el deseo de constituir una administración participativa, la Agencia Vasca del Agua recoge la participación de los territorios históricos en todos sus órganos de gobierno. La Agencia Vasca del Agua se crea con la naturaleza jurídica de ente público sometido al Derecho privado, con personalidad jurídica propia y adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente. Se prevén una serie de órganos de gestión, administración y participación, donde, junto a las diferentes administraciones competentes en materia de aguas, se recoge una destacada participación de las entidades usuarias. La Agencia Vasca del Agua aporta la novedad de crear una organización administrativa del agua razonable y acorde con las exigencias cada vez mayores que se derivan del ordenamiento jurídico comunitario en relación con este bien público. Crear una organización única y participada por administraciones y usuarias y usuarios, respetando a su vez las competencias locales en la materia, constituye un avance indudable y necesario en la regulación del sector. Desde la perspectiva interna, la ley quiere ser la norma cabecera del ordenamiento jurídico del agua, estableciendo los campos de intervención de las diferentes administraciones y, especialmente, previendo el dictado de una serie de instrumentos de planificación hidrológica y de normas generales reguladoras de grandes servicios vinculados al uso del agua, como son el de abastecimiento, saneamiento, depuración o riego. Estos instrumentos planificadores y normas reguladoras permitirán una racionalización en el funcionamiento del conjunto del sistema, lo que redundará en una más eficaz gestión del recurso y un mejor cumplimiento de los requerimientos de la Unión Europea. La planificación hidrológica debe prever su encaje en la planificación de ámbito superior, al mismo tiempo que atender debidamente al ámbito geográfico en el que quiere ser operativa. Desde la primera perspectiva, la planifica...
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